Asignación Universal por Hijo: Milei prepara la eliminación del ajuste automático tras la presión del FMI

En la arena política argentina, la noticia de que el gobierno de Javier Milei está dispuesto a romper con el ajuste automático de la Asignación Universal por Hijo ha encendido los focos de la prensa y los pasillos del Congreso. No se trata solo de una cuestión técnica; es el punto de encuentro entre la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de estabilizar la moneda y la lucha por un derecho social que, desde 2009, ha sido visto como una herramienta para reducir desigualdades históricas.

Contexto y antecedentes

Desde su llegada al poder, Milei ha presentado una agenda de ajuste fiscal radical. Entre los recortes más notorios están la desaparición de programas como Potenciar Trabajo, la reducción de fondos para urbanizaciones vecinales, comedores comunitarios y guarderías. En contraposición, mantuvo y amplió dos pilares de la asistencia social: la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Ambos recibieron aumentos considerables durante el primer año y medio de gestión.

El FMI, que otorga créditos extraordinarios para sostener el valor del dólar hasta las elecciones de octubre, ha condicionado parte de su apoyo a un recorte del gasto social. La solicitud de eliminar el ajuste automático, que vinculaba la AUH a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), se inscribe dentro de este marco de exigencias.

Según un estudio de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto de servicios sociales para 2026 será 15,9 % menor que en 2023. Aunque la inversión prevista para la AUH y la Tarjeta Alimentar se mantendrá en niveles similares a los de años anteriores, la forma de actualizar esos montos cambiará, pasando de un mecanismo automático a un proceso discrecional que dependerá de la decisión del Ejecutivo.

• AUH: actualmente vinculada al IPC, con actualizaciones mensuales.
• Tarjeta Alimentar: inversión similar, pero con la misma incertidumbre sobre su actualización.
• Beneficios familiares para trabajadores dependientes y monotributistas con hijos: también perderán su ajuste automático.

El proyecto de Ley 27.160, aprobado en 2015, establecía que estos beneficios se reajustarían siguiendo la fórmula de pensiones. En 2024 se desvinculó esa fórmula y se adoptó el IPC como referencia. Ahora, la propuesta del gobierno es eliminar por completo esos puntos de la normativa.

Implicancias políticas y sociales

La decisión no solo tiene repercusiones económicas; también reaviva el debate ideológico sobre qué es un “derecho conquistado” y qué es una “corte de gasto”. Los sectores de la oposición señalan que la AUH es una garantía mínima para millones de niños y que su supresión parcial vulneraría a familias que ya viven al límite.

Los legisladores opositores han anunciado que presentarán un proyecto de ley para que el ajuste automático sea inmodificable, convirtiéndolo en una política estatal “intocable”. Además, se barajan acciones judiciales para detener la medida antes de que entre en vigor.

Desde el punto de vista macroeconómico, el gobierno estima una inflación del 24,5 % para 2025 y del 10,1 % para 2026. Sin embargo, consultoras privadas como Analytica proyectan valores más altos: 29,1 % y 20,5 % respectivamente. Si la inflación supera las previsiones oficiales, la ausencia de ajustes automáticos podría traducirse en una pérdida real del poder adquisitivo de la AUH y de los demás beneficios familiares.

El escenario también plantea preguntas sobre la sostenibilidad fiscal a medio plazo. ¿Podrá el gobierno equilibrar la necesidad de crédito del FMI con la presión social de mantener vivas políticas de protección infantil? La respuesta probablemente dependerá de la capacidad del Ejecutivo para negociar con los partidos legisladores y de la reacción de la ciudadanía ante posibles recortes en los ingresos de los hogares más vulnerables.

En resumen, la medida del Gobierno Milei se sitúa en la intersección de la disciplina fiscal exigida por organismos internacionales y la defensa de derechos sociales consagrados durante la última década. El debate está abierto y, mientras tanto, millones de familias esperan la decisión final que determinará el monto que recibirán cada mes.