Taser para Carabineros: Gobierno autoriza la compra tras cinco meses de espera

Qué se aprobó y cuándo

Ocho años de debate y cinco meses de espera terminaron con una señal clara: el Gobierno autorizó a Carabineros a comprar pistolas eléctricas de inmovilización, conocidas como DEIT. La decisión habilita por fin la modernización del equipamiento no letal de la policía, una pieza que faltaba en el escalón intermedio del uso de la fuerza.

El proceso partió en febrero de 2025, cuando la institución dejó listo el protocolo interno para el porte, uso y mantención de estos dispositivos. El documento, firmado por el general inspector Enrique Monrás el 10 de febrero, fijó reglas básicas y operativas. Con ese marco, la idea era iniciar en marzo un plan piloto centrado en casos de violencia doméstica. No ocurrió: hubo demoras administrativas y el proyecto quedó en pausa.

El giro se produjo el 18 de agosto de 2025. Ese día ingresó a la Subsecretaría de Prevención del Delito la solicitud formal de autorización para usar los Dispositivos Electrónicos de Inmovilización Temporal. La respuesta llegó el viernes de esa misma semana: luz verde. Con eso, Carabineros puede abrir el proceso de compra y preparar la operación en terreno.

¿Qué se va a adquirir? El modelo seleccionado corresponde a pistolas DATE, de última generación, con un costo aproximado de $5 millones por unidad (pesos chilenos). No es un gasto aislado: la implementación incluye cartuchos, baterías, cargadores, fundas, kits de mantenimiento y un plan de capacitación. La fase de formación es obligatoria y se ejecutará en paralelo a la compra para acelerar el despliegue.

La hoja de ruta parte con un piloto focalizado en violencia intrafamiliar (VIF). La lógica es clara: son intervenciones de alto riesgo, dinámicas y con espacios reducidos, donde una herramienta de control a distancia puede marcar una diferencia entre reducir a una persona y terminar con lesiones graves o con disparos. Sin embargo, la institución ya anticipó en la Unidad Asesora para la Reforma de Carabineros que su uso no quedará restringido a VIF. También podría incorporarse a patrullajes barriales y labores preventivas, siempre bajo protocolo.

Para entender el alcance, conviene recordar de qué hablamos. Un DEIT dispara dos dardos que transmiten una descarga eléctrica de corta duración destinada a inmovilizar temporalmente a una persona, lo que facilita la reducción y el uso de controles físicos. Aunque se les denomina no letales, la clasificación técnica más aceptada es “menos letales”: reducen el riesgo en comparación con un arma de fuego, pero no eliminan los peligros si se usan mal o sobre personas especialmente vulnerables.

• Fecha clave: solicitud de autorización el 18 de agosto de 2025; visto bueno ese mismo viernes.
• Marco operativo: protocolo interno desde febrero de 2025 para porte, uso y mantención.
• Equipo: pistolas DATE, costo cercano a $5 millones por unidad.
• Primer foco: violencia intrafamiliar; posible extensión a patrullajes y prevención.
• Capacitación: etapa obligatoria, en paralelo a la compra, antes del despliegue.

Por qué ahora y qué se discute

La discusión venía de largo. En Chile, el debate sobre estos dispositivos ha sido intenso: ¿son una herramienta que salva vidas al ofrecer una alternativa al disparo? ¿O abren la puerta a abusos y a un uso más relajado de la fuerza? Con la autorización, el Gobierno toma partido por dotar a los equipos de respuesta de una opción intermedia, en línea con lo que ya usan policías en países como Reino Unido, España y varias jurisdicciones de Estados Unidos.

Hay un trasfondo operativo evidente. Los carabineros se enfrentan a escenarios donde la distancia y el tiempo importan: crisis por salud mental, riñas, violencia intrafamiliar, detenciones con resistencia. Entre la defensa personal y el arma de fuego había un vacío. Un DEIT puede cubrir ese espacio, siempre que el uso sea proporcionado, gradual y documentado, como exige el propio protocolo interno.

Pero la adopción no es solo comprar equipos. La clave está en la formación. La capacitación debe incluir marco legal y de derechos humanos, técnicas de desescalada, criterios de oportunidad (cuándo sí y cuándo no), distancia y ángulo de uso, coordinación de binomios, controles posteriores a la descarga y reporte detallado del evento. Sin eso, el riesgo de uso inadecuado crece.

El protocolo vigente fija las reglas de porte, uso y mantención. Lo que la práctica exige ahora es bajarlo al terreno: simulaciones en escenarios realistas, certificaciones iniciales, recertificaciones periódicas y supervisión directa. Cada activación debería quedar registrada y trazable, con reportes que permitan auditorías internas y externas. La experiencia comparada muestra que los programas más sólidos integran métricas de rendimiento y transparencia pública sobre usos, quejas y resultados.

El costo también importa. El precio de la pistola es solo la base. Hay costos recurrentes en cartuchos de práctica y de servicio, baterías, recambios, horas de instrucción, mantenimiento y gestión de datos. El presupuesto final dependerá del número de unidades que se desplieguen por turno, de la distribución territorial y del esquema de recertificación. Sin planificación de ciclo de vida, el sistema puede quedar cojo en pocos meses.

Internacionalmente, el balance es matizado. En fuerzas policiales que han integrado bien estos equipos, se reporta reducción de lesiones tanto en funcionarios como en personas detenidas en ciertos tipos de incidentes, especialmente cuando se aplican con protocolos estrictos y supervisión. Al mismo tiempo, organismos de derechos humanos han advertido sobre riesgos en personas con condiciones médicas, consumo de sustancias o en escenarios inadecuados. La diferencia la marcan la formación y la rendición de cuentas.

¿Qué cambia en la calle? En violencia intrafamiliar, una patrulla puede encontrarse con puertas cerradas, niños presentes y espacios estrechos. El control a distancia reduce la necesidad de acercamiento físico inmediato y puede evitar forcejeos. Pero no es una varita mágica: hay riesgos de caídas, golpes contra superficies duras o uso en ambientes con materiales inflamables. Por eso, el criterio de oportunidad y la evaluación del entorno son tan importantes como la herramienta en sí.

El despliegue exigirá indicadores claros para evaluar el piloto: número de activaciones, contextos de uso, tiempos de reducción, lesiones registradas en funcionarios y civiles, quejas recibidas, sanciones aplicadas si corresponde y calidad de los registros. Con esos datos, la autoridad podrá decidir si amplía, corrige o detiene la implementación. El objetivo no es sumar gadgets, sino reducir daños y elevar estándares de intervención.

En el plano institucional, la autorización llega en medio del proceso de reforma policial. La incorporación de DEIT dialoga con otros cambios: fortalecimiento de capacidades en convivencia y prevención, mejor gestión de evidencias y una cadena de mando que priorice la evaluación posterior al incidente. El éxito no será comprar rápido, sino operar bien y explicar mejor: a la tropa, a las víctimas, a los vecinos y a los tribunales.

La comunicación pública jugará su parte. Anunciar reglas claras —por ejemplo, que el dispositivo es para escenarios específicos, que se reporta cada uso y que hay sanciones por desviaciones— ayuda a bajar la ansiedad social y a ordenar expectativas. También protege a los funcionarios que actúan dentro de la norma.

El calendario se acelera: con el permiso en mano, Carabineros puede iniciar adquisiciones, definir qué unidades serán las primeras en recibir equipos, seleccionar instructores y cerrar la malla de entrenamiento. La meta es que el piloto arranque antes de que termine 2025. Si los resultados acompañan, el dispositivo podría integrarse a planes de patrullaje preventivo en más comunas.

En términos simples, Chile apuesta por un escalón extra entre la voz de mando y el disparo. La tecnología —la Taser— no resuelve sola los dilemas del uso de la fuerza. Lo que hace la diferencia es la combinación: protocolos claros, supervisión real, formación exigente y evaluación con datos. Ahí se verá si esta autorización se traduce en menos violencia y más control profesional en la calle.